(ANSA) - NUEVA YORK - La evaluadora de riesgos Standard & Poor (S&P) confirma su evaluación de Italia, manteniendo su rating sin cambios en BBB y su perspectiva estable. Al señalar una desaceleración de la economía en 2023, cuando se espera que el PIB crezca un 0,4 %, la agencia señala cómo "la premier Giorgia Meloni ha seguido hasta ahora un enfoque moderado y pragmático en relación con Europa y la política presupuestaria", como lo demuestra la aprobación del presupuesto del estado de aplicación para 2023 que ha mantenido un grado de prudencia fiscal "en la línea de su antecesor Mario Draghi".
"La elaboración de la ley de presupuestos de 2024 será importante para evaluar el compromiso del gobierno con esta prudencia", advierte S&P, sin embargo, precisando cómo, en su opinión, la consolidación fiscal probablemente será "gradual y supeditada" al crecimiento y a las presiones políticas.
En este frente, la agencia señala que los temores por la salud de Silvio Berlusconi plantean "riesgos políticos limitados".
La perspectiva estable refleja la expectativa de que la deuda italiana disminuirá en relación con el PIB en 2023-2026, con un "crecimiento que se acelerará el próximo año a +1,0%" antes de aumentar aún más a 1,4% en 2025 y 2026.
La calificación de Italia corre el riesgo de verse presionada si la la deuda no disminuye y si "las reformas se implementan solo parcialmente, especialmente las vinculadas a los fondos de la UE. Esto pondría en peligro el crecimiento y las cuentas públicas y, por lo tanto, presionaría la deuda", apunta la evaluadora.
Según cálculos de S&P, incluso si el Gobierno procediera a la "consolidación fiscal en 5,2 puntos porcentuales entre finales de 2022 y finales de 2026, la deuda pública rondaría el 136% en 2026, muy por encima de la media de la eurozona". y el tercero más alto entre los países de la OCDE después de Japón y Grecia".
S&P señala que el pago de la tercera cuota del Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia (PNRR) se ha retrasado pero "espera que la situación se resuelva antes del tercer trimestre". "La intención del gobierno de renegociar parte del plan podría causar retrasos en los pagos futuros, aunque no creemos que esto pueda descarrilar el programa", completa el informe. (ANSA).