La cancillería de Maduro emitió un comunicado a nombre del gobierno donde pide a la comunidad internacional y los órganos de Naciones Unidas encargados de los Derechos Humanos "condenar este acto violatorio de la soberanía nacional".
El lunes la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto con el respaldo de republicanos y demócratas, para prohibir hacer negocios con personas que tengan lazos comerciales con el gobierno de Venezuela. La futura ley debe ir todavía al Senado y de ahí a la sanción presidencial.
El nombre Bolívar, dado a ese proyecto, es una ofensa e "impide las relaciones de cooperación económica entre ambas naciones", dice la cancillería.
"Esta nueva arremetida tendrá asegurado su fracaso, como todas las ridículas aventuras a las cuales han sometido al Gobierno de Estados Unidos", añadió.
En la tarde de este martes, la Asamblea Nacional, el legislativo chavista, discutió un "acuerdo de repudio y rechazo a la aprobación de la ilegal e ilegítima ley HR825 que busca incrementar la imposición de medidas coercitivas unilaterales" contra Venezuela.
El representante republicano por Florida, Mike Waltz, un halcón designado por Trump como su futuro asesor de Seguridad Nacional, es uno de los promotores de este proyecto.
"Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores", afirmó.
"Venezuela está en crisis a causa del ilegítimo y autoritario gobierno y las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas," dijo Waltz tras el avance de la ley.
Dijo que Estados Unidos debe mantener las sanciones contra el régimen de Venezuela y "buscar ampliarlas para minimizar los recursos que Maduro emplea para abusar de las libertades".
(ANSA).
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