Cuando ni siquiera ha comenzado el nuevo gobierno de Donald Trump, con dominio de los republicanos en el Ejecutivo y en el Congreso de Estados Unidos (además de en la Corte Suprema), ya hay evidencias de que en las relaciones con el régimen chavista habrá poco espacio para las negociaciones.
Republicanos y demócratas respaldan la llamada "Ley Bolívar", para apretar sanciones a ciudadanos y empresas estadounidenses que hagan negocios con el gobierno no reconocido de Maduro.
El proyecto excluye a negocios que hoy tienen licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como las operaciones de empresas socias de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
También excluye actividades de interés para Estados Unidos, así como ayuda humanitaria o en atención de desastres.
El chavismo reaccionó con furia y responde con su propia ley en la Asamblea Nacional, donde tiene control pleno.
"Ellos creen que con este tipo de medidas nos van a doblar.
Cada vez que vengan con una acción de agresividad, Venezuela responderá de la misma manera, a través de sus leyes", expresó el presidente del legislativo, el chavista radical Jorge Rodríguez.
Este miércoles, una comisión especial nombrada en la víspera debía entregar el proyecto de esta ley que se espera sea sancionada el 26 de noviembre, según Rodríguez.
Llamada "Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo y por la Defensa de Venezuela", incluirá "la inhabilitación política a perpetuidad de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República", advirtió.
Declararán traidores de la patria y confiscarán los bienes a través de la "extinción de dominio" de quienes "han solicitado sanciones que han impedido el ingreso de recursos para el país".
Los juicios se llevarán inclusive contra acusados que estén fuera del país.
"Esta ley no puede incluir solo la inhabilitación política, sino que también se penalicen los crímenes con cárcel", reafirmó Rodríguez.
Los chavistas apuntan a dirigentes políticos en el exilio como Leopoldo López, Juan Guidó, Julio Borges, Edmundo González, entre otros. Incluso van por la líder de la oposición, María Corina Machado, quien dice seguir en Venezuela, en la clandestinidad.
Hoy Machado respaldó el proyecto del Congreso de Estados Unidos, con lo que se pone más al centro de la línea de fuego del chavismo.
En sus redes sociales dijo que conversó con el senador Rick Scott, (republicano por Florida), uno de los promotores de la Ley Bolívar.
"El pueblo venezolano valora profundamente su inquebrantable apoyo, estimado senador Rick Scott", escribió Machado.
"Contamos con su continuo apoyo para una transición democrática, tal como fue el mandato tras la épica victoria del pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio", agregó sobre las elecciones presidenciales en las que fue declarado ganador Maduro, mientras la oposición denuncia un fraude masivo.
"La Ley BOLIVAR envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie podrá normalizarlas. Ahora es el momento de actuar. Hasta el final!!!", reafirmó Machado.
Otro de los promotores de esta ley es el senador Mike Waltz, designado por Trump como su futuro asesor de Seguridad Nacional, lo que da más indicios del esperado endurecimiento de la política de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y sobre las respuestas del chavismo contra los pocos rivales que quedan en el país, pues la mayoría de los dirigentes están presos, en el exilio o escondidos.
Los bienes incautados "a estos criminales y a sus asociados" serán destinados a contribuir con el gobierno "en la lucha contra el bloqueo", como el chavismo llama a la batería de unas 900 sanciones que le ha aplicado Washintgon a la elite del gobierno por sus atentados contra la democracia y los Derechos Humanos. Las medidas también alcanzan a PDVSA y a la República.
(ANSA).
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