En una carta enviada al Comité contra la Tortura de la ONU, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció que el gobierno boliviano "ha violado el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de mí y de más de 106 hermanos dirigentes detenidos ilegalmente por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión y protesta".
Para Morales, los bloqueos -realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre y en los que también se utilizaron explosivos contra la policía- deben interpretarse en realidad como "una medida de presión legítima ante la crisis económica y política que vive el país".
La protesta nació además como un acto de defensa del líder cocalero que enfrenta acusaciones penales por los delitos de trata de personas y estupro, luego las organizaciones sociales que lo respaldan presentaron un listado de demandas que incluían medidas económicas, como la provisión de dólares y combustible; y políticas, como la habilitación de la candidatura de Morales para las elecciones 2025.
Las manifestaciones fueron a su vez parte de un contexto más amplio de choque institucional entre Morales y su ex hombre de confianza y ministro de Economía, Luis Arce, acusado de utilizar su cargo para impedir que el expresidente se postulara para un nuevo mandato presidencial.
Una posibilidad ya descartada por la Corte Supremo.
Morales gobernó durante 13 años, desde enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019, cuando debió abandonar el país después de que la población rechazó un nuevo mandato y exigió el cumplimiento y respeto del referendo al que había convocado el propio exmandatario y cuyo resultado le negaba otros cuatro años más como presidente. (ANSA).
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