Simón Vargas, exalcalde el municipio fronterizo de Bolívar, cuya capital es San Antonio, fue sacado a la fuerza de casa de su suegra este jueves 2 de enero, según testigos, familiares y dirigentes políticos.
"Quién lo secuestró? Señores del Ministerio Público informen", reclama el dirigente socialcristiano César Pérez Vivas, un ex precandidato presidencial y activista por los derechos civiles.
Vargas es militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo y según fuentes del chavismo en el poder se le acusa de "terrorismo, promoción o incitación al odio, agavillamiento, lesiones personales y resistencia a la autoridad".
Esos cargos genéricos son frecuentemente aplicados a opositores presos políticos.
Ayer jueves, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciaba que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a al menos 56 activistas de partidos de la oposición, a 10 periodistas y a una defensora de derechos humanos.
"Tanto quienes ordenen detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos tratos como quienes las ejecuten, son responsables penalmente de forma individual", señala Francisco Cox, integrante de la Misión, en un comunicado donde piden respeto a los derechos humanos de la cara a la toma de posesión de Maduro, este 10 de enero. (ANSA).
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