González, que tiene el grado de contralmirante, dio la orden directa para que no se abrieran las celdas donde se inició el fuego, en medio de un motín de migrantes venezolanos que protestaban al anunciarse su inminente deportación, señaló Jorge Vázquez, el defensor de las familias de los fallecidos.
El funcionario fue consultado apenas comenzaron a arder algunos colchones y dio instrucciones de no dejar libres a los extranjeros, en su mayoría centroamericanos y algunos venezolanos.
"Lo hizo por teléfono. Le hablaron y le avisaron" y al ser consultado les respondió que no les abrieran las rejas "por ningún motivo" sino "que los dejaran ahí muriéndose", reveló el abogado al diario capitalino Reforma.
En la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga el caso porque la estación migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez, limítrofe con Estados Unidos, es una instalación federal, dijo que fue "informado por clientes" a quienes no quiso identificar por razones de seguridad" acerca de esta orden.
Los fallecidos "no cometieron delito alguno" por cuanto las leyes mexicanas contemplan la migración como una "falta administrativa" y no "es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esta manera", afirmó.
Asimismo, acusó a Daniel Goray, jefe del centro de detención del INM de mantener "una red de corrupción" en la que se amenaza a los migrantes con mantenerlos detenidos por más de seis meses o incomunicarlos si no pagan una cuota de salida de 500 dólares.
La ministra de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez señaló que ocho empleados (3 agentes migratorios y cinco guardias de seguridad privada" y un migrante son señalados como responsables del caso, pero no dio a conocer sus nombres.
La oposición acusó a los ministros de Gobernación, Adán Augusto López (responsable del INM) y al canciller Marcelo Ebrard (que ha negociado temas migratorios con Estados Unidos), de "echarse la pelota" para eludir su responsabilidad y exigió la salida del director del instituto, Francisco Garduño.
La agencia informativa Latinus reveló que la seguridad privada en la estación migratoria está a cargo de una compañía propiedad de Elías Valdés, cónsul honorario de Nicaragua en los estados norteños de Coahuila y Nuevo León, quien ha recibido contratos por más de 140 millones de dólares del gobierno actual.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy esperar el resultado de las investigaciones y por lo pronto fuentes oficiales anunciaron que se emitieron ya las primeras cuatro órdenes de detención.
La identificación de los fallecidos y de los 17 heridos, 10 de los cuales se encuentran graves, ha sido hasta ahora lenta y no se ha diferenciado entre unos y otros en las listas preliminares de víctimas, pero la mayoría son guatemaltecos, seguidos de salvadoreños y hondureños, pero también hay venezolanos, colombianos y ecuatorianos. (ANSA).
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