Ese es el tira y afloje, la dicotomá, en el comienzo de la contienda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya entre los representantes sudafricanos e israelíes sobre la petición presentada por Pretoria, en la que se acusa al Estado judío de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza en la guerra, que estalló el 7 de octubre, y que arrasó gran parte de la Franja causando, según el recuento facilitado por Hamás, más de 23 mil muertos.
La primera de dos audiencias públicas en el Palacio de la Paix se centró en los argumentos sudafricanos según los cuales Israel viola con "intención específica" sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio que ambos países ratificaron.
Las incursiones israelíes pretenden "destruir la vida de los palestinos" y llevarlos "al borde de la hambruna", explicó Adila Hassim, abogada sudafricana, ante los 15 jueces del Tribunal (más los dos ad hoc designados por ambos países).
"Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este Tribunal puede confiar en las últimas 13 semanas de pruebas que demuestran, más allá de toda duda, un patrón de comportamiento e intención que respalda una acusación plausible de actos de genocidio", dijo en su discurso.
"Las pruebas de la intención genocida no sólo son escalofriantes, sino abrumadoras e incontrovertibles", se hizo eco de otro abogado, el sudafricano Tembeka Ngcukaitobi.
Los representantes de Israel responderán punto por punto mañana en la misma sala. Pero mientras tanto, el caso desató la ira del Estado judío, que reivindica el derecho a defenderse y destruir a Hamás.
"En La Haya somos testigos del mundo al revés. Israel lucha contra terroristas asesinos que cometieron terribles crímenes contra la humanidad: masacraron, violaron, quemado, desmembrado, asesinado a niños, mujeres, ancianos, jóvenes. Una organización terrorista que cometió el crimen más terrible contra el pueblo judío desde la Shoah y ahora hay quienes vienen a defenderla en nombre de la Shoah. Qué audacia", tronó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusando a Sudáfrica de "hipocresía".
"Es el caso Dreyfus del siglo XXI, un espectáculo de antisemitismo y de vergUenza", insistió el ex premier Naftali Bennett, refiriéndose al caso. del capitán judío injustamente condenado que dividió Francia a finales del siglo XIX.
Acusaciones "falsas e infundadas", reiteró el ministerio de Asuntos Exteriores, acusando a Sudáfrica de ser "el brazo legal de Hamás".
"No presentamos ninguna petición en nombre de Hamás, esta declaración carece de fundamento. Lo hacemos en nombre de los palestinos, de los niños, las mujeres y los ancianos asesinados en Gaza", respondió el Ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, hablando con periodistas fuera del aula.
Sin embargo, Hamás agradeció a Pretoria la iniciativa "histórica": "Las pruebas presentadas -declaró Izzat Al-Rishq, de la oficina política de la facción palestina- demuestran al mundo entero los crímenes de genocidio y de limpieza étnica cometidos contra nuestro pueblo por la ocupación sionista". Varios países, en su mayoría musulmanes y sudamericanos, así como la Liga Arabe y la Organización de Cooperación Islámica se alinearon en apoyo a la causa sudafricana. Definiendo a Israel como "un régimen de apartheid", Irán acusa al Estado judío de "crímenes contra la humanidad", al tiempo que elogia la medida sudafricana como "valiente" y "honorable".
Al igual que Israel, Estados Unidos considera las acusaciones "infundadas" y Gran Bretaña sostiene que el caso es "inútil e injusto".
Para el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, "hay un ataque que afecta a la población civil" pero "el genocidio es otra cosa".
Manifestaciones a favor y en contra de la acusación se celebraron esta mañana -no sin tensiones- frente a la sede de la Corte.
Tras la respuesta de Israel, los jueces podrían pronunciarse dentro de algunas semanas sobre las "medidas de precaución" urgentes solicitadas por Sudáfrica para poner fin a las matanzas de civiles.
Aunque sus decisiones son jurídicamente vinculantes, la Corte no tiene poder para hacerlas cumplir. De ser así, Israel podría ignorarlos, abriendo la puerta a posibles sanciones. Sin embargo, una decisión sobre el fondo, independientemente de si el Estado judío cometió o no genocidio, podría llevar años.
(ANSA).
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