El día de la aprobación definitiva de la ley en la Cámara, podría ser un indicador relevante para las oposiciones parlamentarias que pretenden promover una recolección de firmas para convocar el referéndum para derogar la reforma.
Mucho dependerá de cómo los ciudadanos describan y perciban la reforma. Y para ello la clave serán los LEP, es decir, la definición de los niveles esenciales de desempeño, o sea los servicios mínimos que el Estado debe garantizar en todo su territorio en sectores fundamentales. La definición de los LEP y su financiamiento sirve para evitar el riesgo de que se consoliden o incluso aumenten las divergencias territoriales entre las regiones más ricas y más pobres.
Los LEP deben garantizarse para materializar aquellos "derechos sociales y civiles" protegidos por la Constitución. A su vez, la determinación de los costos y necesidades estándar, y, por tanto, de los LEP, se realiza a partir de un relevamiento del gasto histórico del Estado en cada región en los últimos tres años. Y este es uno de los puntos más controvertidos de la reforma porque, en opinión de la oposición, ampliará las brechas ya existentes entre los territorios más ricos y más pobres.
Una acusación devuelta al remitente por el ministro encargado del asunto, Roberto Calderoli, según el cual, en todo caso, serán las regiones que están peor las que se beneficiarán más. Lo cierto es que los recursos necesarios para una autonomía diferenciada no están establecidos en la ley recién aprobada: su definición queda a los acuerdos con los distintos territorios y a las leyes de presupuesto.
"Me contentaría" con "asignar recursos para algunos de estos LEP año tras año", afirmó Calderoli en la última sesión de la Cámara, suscitando duras críticas de la oposición.
Así, "se admite que no hay dinero" para la autonomía, es el coro casi unánime de la minoría parlamentaria. Volviendo a una posible consulta popular, la clave será precisamente entender cómo y en qué medida la reforma garantizará servicios como la asistencia sanitaria, las escuelas y el transporte en toda Italia.
"Hemos puesto a prueba la aprobación de la autonomía diferenciada por parte de la población y es irregular", informa el encuestador Nicola Piepoli, según el cual mucho "dependerá en gran medida de cómo se formule la pregunta y de la información difundida entre los ciudadanos".
Para su colega Roberto Weber (Ixe) "sobre la autonomía diferenciada tendremos un país dividido en dos. Es posible una ligera prevalencia de los opuestos. La verdadera cuestión será la participación". Una grave incógnita para la consecución del quórum, subrayada también por Lorenzo Pregliasco, que destaca el gran abstencionismo registrado en las últimas elecciones europeas: "Es una ley que se interpreta de forma muy diferente entre el Norte y el Sur", que "teme ser desfavorecidos y marginados, y, por otra parte, en el Sur la participación es a menudo menor, por lo que centrarse solo en el voto del Sur sería un desafío difícil de superar", graficó el experto.
Antonio Noto, que ha realizado recientemente una encuesta para el diario Repubblica, sin embargo, enumera porcentajes: "El 45% de los ciudadanos está en contra, el 35% a favor y el 20% no puede opinar. Desglosando los datos por zonas geográficas, en en el norte los que están a favor prevalecen, pero solo ligeramente (42% a favor, 35% en contra), en el sur los que están en contra prevalecen por mucho (57% en contra, 25% a favor)". "El centro expresa una opinión más cercana al Sur", completó. (ANSA).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it