También se encuentra en prisión el contratista de obras Fabrizio Ormenese.
Otros 7 funcionarios municipales y del sector público terminaron bajo arresto domiciliario, entre ellos, la empresa municipal de transporte ACT.
A otros seis sospechosos se les prohibió ocupar cargos públicos durante 12 meses. En total hay 18 sospechosos; entre ellos también el director general de ACTV, Giovanni Seno, y el gerente del sector compras, Fabio Cacco.
Una tormenta, en proporciones y alcance político, solo superada por la investigación sobre las adquisiciones del Módulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), que en 10 años provocó 35 detenciones.
En Boraso, antigua Forza Italia que pasó bajo la bandera de la "lista Brugnaro", y en Coraggio Italia -movimiento fundado por Brugnaro junto con Giovanni Toti- la Fiscalía de Venecia impugna 11 episodios de corrupción, extorsión y autoblanqueo: acontecimientos, desde 2015 hasta hoy, incluida la subvaloración del Palacio Papadopoli, en la que también participan en otro sentido el alcalde Luigi Brugnaro y su jefe de gabinete Morris Ceron.
Según la acusación, Boraso, entonces concejal de Patrimonio, habría recibido 73.200 euros entregados por los emisarios del magnate singapurense Chiat Kwong Ching, con facturas a su empresa "Stella Consulting" por servicios de consultoría inexistentes, en 2017 y 2018.
Las cifras luego pasaron a dos de sus otras empresas.
"Ha mercantilizado sistemáticamente su función pública, vendiéndola a intereses privados", afirmó el juez de instrucción.
Y en una interceptación el alcalde le advirtió: "No me escuchás, no entendés nada. Me están pidiendo que pidas dinero, no te das cuenta, te arriesgás demasiado. Si te digo que tengas cuidado, te debes controlar".
Para Brugnaro, Ceron y Donadini, el asunto que se investiga es el de la zona de Pili, comprada por el empresario de "Umana" cuando aún no estaba en política, por sólo 5 millones, entonces zona de desarrollo, por la que Brugnaro había iniciado una negociación (que luego fracasó) nuevamente con Chiat Kwong Ching.
Cuatro hectáreas y media de terreno, contaminadas por el trabajo de Marghera, acabaron bajo el control de la "Porta di Venezia", todavía encabezada por Brugnaro, pero con "administrador de facto" -escribió el fiscal- el jefe adjunto del gabinete municipal, Derek Donadini.
Desde 2017 también está en manos del fideicomiso ciego (blind trust) de Nueva York creado por el alcalde para protegerse de acusaciones de conflicto de intereses.
Precisamente los mecanismos del blind trust son los que investiga el GDF.
Brugnaro, Ceron y Donadini, se lee en la ordenanza, "acordaron con Ching el pago de un precio de 150 millones de euros a cambio de la promesa de aprobar la duplicación de la capacidad edificable y la adopción de las modificaciones urbanísticas necesarias para aprobación del proyecto de construcción". Brugnaro manifestó estar "asombrado" y añadió: "Sé que siempre he desempeñado y sigo desempeñando el papel de alcalde como un servicio a la comunidad, de forma gratuita, anteponiendo siempre el interés público".
Y sobre Pili precisó: "Esa es una zona que ya es edificable desde antes de mi administración".
Sin embargo, según los propios magistrados, Brugnaro, Ceron y Donadini, en una reunión en Venecia "acordaron con Ching la venta del inmueble municipal Palazzo Papadopoli a un precio de más de 10 millones de euros, inferior al valor de 14 millones".
Y esto con el fin de facilitar las negociaciones con Ching para la venta del terreno de Pili, propiedad de Brugnaro".
La reducción del valor del inmueble se produjo, efectivamente, mediante "actos contrarios a las funciones oficiales desempeñadas por Brugnaro, Ceron y Donadini, que actuaban en nombre del primero". (ANSA).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it