"Hay un principio clave incuestionable: entre los derechos humanos y la protección de la soberanía del Estado, son los derechos humanos los que en nuestro ordenamiento jurídico, afortunadamente democrático, deben prevalecer", afirmó el fiscal adjunto Geri Ferrara durante la acusación, los tribunales de Palermo.
En el juicio a Salvini se le acusa de secuestro y denegación de documentos oficiales por haber impedido el desembarco de 147 inmigrantes en Lampedusa hace cinco años.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando este, por entonces ministro del Interior, impidió el desembarco en Italia de la nave de la ONG española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.
La puja duró 20 días, hasta la noche del 20 de agosto de 2019, cuando la justicia intervino para permitir finalmente el acceso del barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa (sur) y desembarcar a los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues el resto habían sido sacados antes poco a poco por motivos médicos.
"La persona en el mar necesita ser salvada, y su clasificación es irrelevante: migrante, tripulante, pasajero.
Según el derecho internacional del Convenio SAR (Búsqueda y Rescate por sus siglas en inglés), incluso un traficante de seres humanos o un terrorista deben ser salvados y luego, si es necesario, la justicia sigue su curso", añadió el fiscal y luego subrayó que lo que se está llevando a cabo no es un juicio político: "Es claro que aquí no hay nada político. Se han realizado actos administrativos, los actos políticos se caracterizan por requisitos muy específicos", aseveró.
"Cuando Salvini se convierte en ministro del Interior - subrayó Ferrara - las decisiones sobre la gestión de los desembarcos y la liberación de órdenes pasan del Departamento de Libertades Civiles e Inmigración al gabinete del ministro y, en particular, es el ministro quien decide. Esto es el elemento clave".
Además, "todos los funcionarios, todos los ministros, todos los testigos que escuchamos en este juicio dijeron que no sabían si a bordo del Open Arms había terroristas, armas o material propagandístico".
"Incluso las referencias a los intentos de redistribución de los inmigrantes antes de la liberación de las órdenes no puede funcionar: no puede subordinarse el respeto de los derechos humanos y la redistribución de los inmigrantes. Primero se deja salir a los inmigrantes y luego se los redistribuye: de lo contrario corremos el riesgo de hacer política con las personas que sufren", argumentó.
La otra fiscal, Marzia Sabella, apuntó en sus conclusiones, entre otras cosas, que "el rechazo consciente" de aquella nave "lesionó la libertad personas de 147" inmigrantes "sin un motivo comprensible" .
Para el primer ministro, "no todos los países pueden considerarse un refugio seguro, porque no todos los países tienen reglas democráticas y respeto por los derechos humanos.
Libia y Túnez no son países en los que se pueda aplicar una postura", afirma también el actual ministro del Interior. Matteo Piantedosi, quien en su testimonio informó que "los centros en Libia son ciertamente centros ilegales, nunca hemos entregado personas a los libios".
Las posiciones expresadas por el fiscal fueron criticadas por la abogada defensora de Salvini, Giulia Bongiorno: "es una acusación un tanto contradictoria porque la premisa es: no estamos juzgando al gobierno, pero el decreto bis de seguridad está en contradicción con la Constitución, según se argumenta; entonces, no hay una conducta de Salvini que está en el banquillo (de acusación, NDR), sino una línea política es la que está en el banquillo".
Salvini también dijo lo suyo: "Defender las fronteras de los inmigrantes ilegales no es un delito- Hoy en Palermo el Ministerio Público hará sus peticiones en el juicio en el que se me acusa de secuestro. Me arriesgo a recibir hasta quince años de prisión por haber cumplido mi palabra dada a los electores.
Lo haría todo de nuevo: defender las fronteras de inmigrantes ilegales no es un delito. Lo haría a toda velocidad, sin miedo", expresó en las redes sociales el líder de la Liga, que integra la coalición de gobierno de Giorgia Meloni.
Justamente, la premier expresó "solidaridad con Salvini, hizo su trabajo". "Es increíble que un Ministro de la República Italiana corra el riesgo de ser condenado a 6 años de prisión por haber desempeñado su tarea de defender las fronteras de la nación, como exige el mandato recibido de los ciudadanos", expresó Meloni en las redes.
"Transformar en delito el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente muy grave", subrayó Meloni.
"Sólo espero que hoy hablemos de justicia. Justicia hacia los más débiles, mujeres, hombres y niños. Justicia para lo que está pasando en el Mediterráneo, con continuos naufragios, campos de concentración en Libia. Nuestra esperanza es que hoy aparezca una página de justicia. Creo que no es un juicio contra Italia, sino un juicio contra lo que deshonra a Italia", afirmó Luca Casarini, jefe de misión de la ONG Mediterranea, presente en el búnker de la prisión Pagliarelli de Palermo, donde se desarrolla el proceso judicial por el Open Arms contra Salvini.
(ANSA).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it