La iniciativa fue rechazada por la oposición y numerosos especialistas, bajo el argumento de que convierte a este en "juez y parte" en diversas controversias y representa "un regreso a la opacidad" y un "retroceso en la transparencia y rendición de cuentas", perfilando un modelo de "totalitarismo".
Los críticos del proyecto, enviado por el poder ejecutivo en febrero pasado y promovido durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que concluyó el pasado 1 de octubre, advirtieron que se trata de "una venganza del exmandatario.
Las principales fuerzas de la oposición, los Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y Revolucionario Institucional (PRI, centro) estimaron que la enmienda constitucional sancionada anoche por 347 votos a favor y 128 en contra, es en represalia por la obstrucción a las grandes obras de infraestructura del gobierno.
La Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), uno de los entes involucrados, Julieta del Río, advirtió que unos 15.000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia "están en riesgo" al desaparecer este organismo.
"Estamos preocupados. La iniciativa de reforma no dice absolutamente nada de la Plataforma", indicó la funcionaria en el acto inaugural del Foro Buenas Prácticas Digitales del Sistema Nacional de Transparencia.
A su juicio, este banco de datos es considerada la "herramienta tecnológica con información pública" más importante del país, reconocida a nivel mundial, por facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información".
La reforma abarca la desaparición del INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además, incluye organismos del sector energético como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, indicó que la desaparición de los organismos autónomos significa dar marcha atrás a "la simplificación de la administración pública federal y "borrar del mapa a los organismos autónomos que garantizaban los derechos de todos los mexicanos". "Nosotros no exageramos cuando decimos que ya estamos en la antesala de la dictadura, porque recordemos que si se concretó la reforma al Poder Judicial fue para eliminar a un poder que supo ponerle límites a otro poder", indicó al referirse a una reciente reforma que obliga a todos los jueces a ser electos por voto popular.
La ex jueza de la Suprema Corte Olga Sánchez afirmó que las modificaciones constitucionales "se pueden entender como un regreso al diseño institucional" que tenían los gobiernos durante las gestiones de los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
La reforma "representa la posibilidad de que el país "regrese al equilibrio entre la libertad comercial y el ejercicio de la soberanía", dijo. (ANSA).
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