Denuncian 10.085 víctimas represión gobierno Maduro

(ANSA) - CARACAS 30 ABR - Al menos 10.085 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro entre 2013 y 2023, informó hoy el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
    La ONG presentó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el que advirtió sobre "una sistemática vulneración de los derechos humanos" en el país bajo el gobierno de Maduro, que suma 10 años en el poder.
    "Estos diez años hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad", informó Lísette González, coordinadora de investigación de la ONG, al presentar en rueda de prensa el estudio titulado "Maduro: diez años de empobrecimiento y represión".
    Precisó que en 2023, al igual que en el resto del periodo, la mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 30 años, mayoritariamente hombres de sectores populares y que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el cuerpo de seguridad, responsable del 30% de estas víctimas.
    González indicó que, en esta década, 43.003 personas fueron víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
    A su vez, Óscar Murillo coordinador general de Provea, dijo que Maduro en ese periodo "impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia", al desconocer "sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población".
    "Desde 2013 vemos una curva ascendente y la pobreza no son solo números, son sufrimientos humanos que no deben olvidarse", afirmó.
    Destacó que esa pobreza se explica, entre otros indicadores, en la caída del salario mínimo estancado en 130 Bs (menos de 4 USD mensuales), que hace que 45,2% de los hogares están enfrentando inseguridad alimentaria y 50,6% dediquen casi todo su presupuesto a alimentos.
    Además, resaltó que 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.
    Asimismo, denunció que en esta década hay un doble rompimiento del pacto social: "no solo hay incumplimiento del Estado en sus obligaciones, sino que cuando la población busca rescatar la esencia de ese pacto, la respuesta es represión, persecución, abuso y arbitrariedad".
    "El espacio cívico está cercado y amenazado y eso tiene que ver con las dos leyes que merecen nuestra reprobación, que son la ley que busca criminalizar a las ONG y la ley contra el fascismo", aseveró.
    Murillo fustigó que por aferrarse al poder han tratado de destruir la convivencia y convertir a todos los que levantan la bandera de la libertad en enemigos.
    "Estamos ante un esquema perverso de colapso de la sociedad venezolana. Sin embargo, tenemos un país que no sé cansa de luchar, que aspira un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos políticos, económicos y sociales", puntualizó. (ANSA).
    Leggi l'articolo completo su ANSA.it