"En un contexto de represión y cierre absoluto del espacio cívico en Nicaragua, las autoridades han continuado implementando y perfeccionado una estrategia represiva que ha escalado desde el uso de la fuerza letal contra manifestantes en 2018 hasta la actual privación arbitraria de nacionalidad de personas consideradas disidentes", señala el informe de AI difundido este martes.
"El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal", añade.
AI destaca que "numerosas personas siguen privadas de su libertad por motivos políticos o simplemente por expresar opiniones contrarias al gobierno".
Subraya que "desde la violencia letal ejercida contra manifestantes en 2018, hasta las detenciones arbitrarias y las medidas encubiertas bajo leyes de amnistía que perpetuaron el hostigamiento y la vulneración de derechos, el gobierno ha consolidado un clima de miedo y control".
La respuesta estatal frente a la violencia y la crítica, apunta, "no solo ha sido violenta, sino que se ha perfeccionado para garantizar la impunidad y silenciar cualquier intento de resistencia, consolidando un régimen de control absoluto".
Las recientes reformas legales y constitucionales aprobadas "consolidan la represión y el control absoluto del gobierno de Daniel Ortega, profundizando la crisis de derechos humanos en el país", sostiene AI.
Más de 400 personas han sido privadas de su nacionalidad y expulsadas del país, al menos 77 personas vinculadas a la Iglesia han tenido que huir o han sido detenidas, y más de 5.000 organizaciones han sido canceladas. (ANSA).
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