Centros de migrantes como bases militares

(ANSA) - ROMA - Como las bases navales y de misiles, cuarteles, campos de tiro y depósitos de municiones, los centros de detención para la repatriación -y también los hotspots y los centros de recepción ordinarios- son "obras destinadas a la defensa y a la seguridad nacional".
    Y para lograrlo, el Ministerio de Defensa podrá adoptar los procedimientos ultrarrápidos previstos "en casos de extrema urgencia y protección civil" por el nuevo Código de Contratación.
    Se trata de la innovación introducida por el Gobierno en el decreto ley para el Sur, publicado en el Boletín Oficial, que también amplió a 18 meses el tiempo máximo de detención de los inmigrantes.
    Por lo tanto, no hablamos sólo de centros de repatriación, sino también de todas las estructuras de recepción de inmigrantes, que deberán crearse "en un número adecuado", "también mediante la valorización de inmuebles existentes"- Y se encomendó a la Defensa -"a través de sus unidades competentes de Ingenieros Militares"- el diseño y la ejecución.
    Además, se asignó al Ministerio un fondo de 20 millones de euros para 2023, que trabajará en el plan extraordinario para identificar las zonas destinadas a albergar los nuevos centros.
    Estructuras que, subrayó el decreto, están "declaradas por ley como obras destinadas a la defensa y la seguridad nacionales".
    Defensa podrá recurrir a los procedimientos previstos en el artículo 140 del nuevo Código de Contratación que permite, por ejemplo, "preparar la adquisición inmediata de servicios o suministros dentro del límite de lo indispensable para eliminar el estado de perjuicio a la seguridad pública y privada".
    También podrá "encomendarse directamente y con excepción de los procedimientos" la ejecución de las obras y la adquisición de servicios y suministros de extrema urgencia.
    El decreto legislativo también especifica cómo funciona la prórroga de la detención en los Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) con respecto al límite anterior (seis meses).
    La prórroga de hasta 18 meses podrá producirse si, "a pesar de haberse hecho todos los esfuerzos razonables, la operación de expulsión se prolongó más por falta de cooperación por parte del extranjero o retrasos en la obtención de la documentación necesaria de terceros países".
    El motivo de ampliar los tiempos de detención es evitar que el migrante, al ser expulsado, sin documentos, se niegue a colaborar en la identificación, confiando en una breve estancia en el centro al final de la cual sería liberado con una simple orden de deportación.
    De hecho, el procedimiento de repatriación no puede completarse sin la identificación del extranjero. (ANSA).