Además, Sánchez presentó una denuncia contra el juez Peinado por abuso de poder, informaron fuentes judiciales.
El Código de Procedimiento Penal establece que los maridos, así como los familiares directos de los sospechosos, "quedan exentos del deber de declarar" contra su cónyuge para garantizar el derecho de defensa en el caso abierto a partir de "acusaciones populares" interpuestas por Manos Limpias y el partido Vox, y otras tres asociaciones de extrema derecha.
La declaración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como testigo ante el juez de instrucción en la investigación que involucra a su esposa "duró en total dos minutos", según aseguró a los periodistas el abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho.
El jefe de Gobierno "parecía estar absolutamente tranquilo", explicó el abogado, presente en la audiencia, junto con el representante de la Fiscalía y el representante de las "acusaciones populares".
"El juez le preguntó si tenía relación con alguno de los sospechosos y el presidente del Gobierno respondió que era "el cónyuge de Begoña Gómez", explicó Camacho.
"Cuando se le preguntó si quería ejercer su derecho a no declarar contra su esposa, respondió que sí", agregó.
El letrado defendió la decisión del jefe del Ejecutivo y reiteró que la declaración de Pedro Sánchez como testigo "es innecesaria".
A la pregunta de si cree que Sánchez acabará como sospechoso en la investigación, respondió: "No, en ningún caso", porque "si no hay objeto de la diligencia, si realmente no se investiga nada, no es posible".
Camacho, exministro socialista y exfiscal, criticó una investigación que definió como "imprevisible".
"Estamos asistiendo a declaraciones de testigos que en dos o tres días se convierten en sospechosos, por lo que no puedo hacer predicciones de momento sobre el proceso", sostuvo.
Tras la audiencia celebrada esta mañana en el Palacio de la Moncloa como testigo, Sánchez presentó una denuncia contra el juez, instructor de la investigación.
Así lo informaron fuentes del Ejecutivo citadas por el diario El País, según las cuales la denuncia, presentada por la Fiscalía del Estado, es "en defensa de la institución de la Presidencia" del Gobierno y plantea la hipótesis de una "prevaricación" o abuso de poder por el magistrado.
La denuncia habla de "injusticia" de diversas medidas adoptadas por el magistrado.
La denuncia subraya que no pretende ser un ataque al poder judicial, sino "un intento de desmarcarse del ejercicio puntual" de un juez que actuó con "arbitrariedad" y de una "forma injusta" de procedimiento" contra el "máximo representante de otros poderes del Estado".
Se hipotetiza el delito de "abuso judicial", con base en el artículo 277 del Código Procesal Penal.
"Hay muchos elementos que dejan claro que la declaración realizada" hoy por el juez de instrucción al presidente del Gobierno Sánchez "contradice la ley y despoja a la Presidencia del Ejecutivo de las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le ofrece desde 1882" y " sin explicaciones alternativas".
La denuncia destaca que el magistrado "se alejó de los métodos habituales de interpretación" al impedir a Sánchez declarar por escrito, como exige la ley a los miembros del Gobierno cuando comparecen en una investigación como testigos de hechos de los que han tenido conocimiento en sus funciones.
El juez Peinado justificó la mención en presencia de Sánchez como testigo de hechos no relacionados con su cargo, sino como marido de la sospechosa Begoña Gómez.
En calidad de esposo, el Primer Ministro hizo uso de la facultad de no declarar, prevista para familiares y allegados directos, para garantizar el derecho de defensa de los familiares.
El primer ministro había hecho uso de su derecho a no responder en la audiencia ante el juez a las 11 de la mañana (hora local) en el palacio de gobierno.
El Gobierno defendió la decisión del jefe del Ejecutivo de invocar el derecho a no declarar en la investigación abierta basándose en acusaciones de "algunos medios de comunicación conservadores".
"Sí, confirmo que la Fiscalía del Estado ha presentado denuncia en defensa de la institución de Presidencia del Gobierno", afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión de gabinete de hoy.
"Lo que estamos presenciando es un montaje", dijo Alegría.
"La estrategia es darle cobertura judicial a lo que es una causa política", agregó.
"Aquí no hay ningún objeto", insistió en referencia a la investigación iniciada por el magistrado Peinado.
"Con la denuncia queremos también defender la independencia del poder judicial", informó la portavoz.
"Y la dignidad de una institución tan importante como la Presidencia del Gobierno, para que esto no vuelva a suceder", agregó.
"Vinieron a grabar en vídeo un montaje con un objetivo claro: erosionar la imagen del presidente del Gobierno a partir de un caso no judicial", afirmó la portavoz del ejecutivo, en referencia a las organizaciones de ultraderecha que promueven la actuación judicial, presentes hoy en el exterior del recinto de la Moncloa. (ANSA).
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