La manifestación, organizada por el Sindicato de Inquilinos y otras 40 asociaciones, partió a las 12 (hora local) desde la plaza de Atocha para recorrer las calles del centro, el Paseo de Recolectos, hasta la plaza de Cibeles.
Los manifestantes exigen una reducción del 50% en los costes de alquiler y la aplicación de la ley estatal de vivienda, recientemente aprobada por el gobierno español.
La movilización es la antesala de una "huelga de alquileres", según ha informado el presidente de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).
"Es urgente que las administraciones y sobre todo la Comunidad de Madrid, que tiene la mayoría de competencias, impulsen un cambio claro del modelo residencial, que sitúe la vivienda como un bien social y no como un negocio", dijo.
Entre 2015 y 2023, el coste de adquirir una casa en España aumentó un 47% y el del alquiler un 58%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que los ingresos familiares aumentaron un 35%, impulsados ;;por la disminución en el desempleo y la revalorización de las pensiones.
Y los salarios de los trabajadores han aumentado sólo un 17%, hasta 2022, a la par de la inflación. Una situación que retrasa cada vez más la edad de los jóvenes para independizarse: el 66% de las personas entre 18 y 34 años aún vive con sus padres, según el INE.
Los aumentos sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, son impulsados por las compras especulativas de los fondos de inversión y la escalada de precios provocada por los alquileres turísticos de corta duración.
"La casa se ha convertido en una mercancía y ya no es un derecho como dice la constitución española", denuncia Silvia González, 35 años.
"¡Lo barrios no se venden, los barrios se defienden!", corean los manifestantes, entre ellos exponentes políticos de Podemos y del PSOE.
Entre las 10 peticiones del manifiesto elaborado para la protesta, destaca la ampliación y aplicación de la ley estatal de vivienda, con la imposición de un tope a los alquileres, la recuperación de los contratos de alquiler por tiempo indefinido, un tope a los pisos alquilados a turistas y la promoción de un plan estatal de vivienda. (ANSA).
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