Álvaro García Ortiz fue imputado por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información en medios de comunicación sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta del gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular).
García Ortiz seguirá al frente de la institución.
"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", afirmó García Ortiz en un comunicado.
González Amador presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos sobre su procedimiento a medios de comunicación, que difundieron noticias sobre la oferta que hizo a la fiscalía en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.
Después de que García Ortiz asumió su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo que, en contra del criterio de la fiscalía, decidió hoy la apertura de la investigación penal contra el fiscal general.
Según este tribunal, se desprende de la exposición del TSJM su imputación por la divulgación de una nota informativa con membrete de la fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024 en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación a la pareja de Díaz Ayuso con la revelación de datos personales.
Con ella la fiscalía pretendía desmentir la versión falsa de los hechos que había difundido antes el entorno de Ayuso según la cual el ministerio fiscal había ofrecido a González Amador un pacto por correo electrónico como parte de un presunto chantaje con fines políticos a él.
La fiscalía señaló que en realidad había sido el abogado de Amador el que, tras reconocer haber cometido dos delitos fiscales, había intentado llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una rebaja de la pena.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez defendió por medio de la vicepresidenta María Jesús Montero la "profesionalidad y honorabilidad" del fiscal general del Estado tras conocerse la apertura de una causa penal en su contra.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que su imputación "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.
El PP exigió su dimisión inmediata: "No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la fiscalía en nuestro país", afirmó la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
(ANSA).
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