La cifra es necesaria, según una consultoría técnica, para "una campaña de restauración de la imagen dañada" a nivel mundial.
También solicitó una pena provisional, a pagar inmediatamente después de la condena en primer grado, por importe de 98 millones 473 mil euros, y también que la suspensión condicional de la pena se supedite al pago de una indemnización. Mientras, el abogado civil del IOR, Roberto Lipari, presentó hoy ante el Tribunal del Vaticano la resolución de su solicitud de restitución de los fondos supuestamente sustraídos por los imputados en el asunto objeto del proceso, y que habrían afectado a los 700 millones de euros aportados en 16 años por el Instituto de la Santa Sede y reservados por la Secretaría de Estado.
El pedido de restitución se fija en 206 millones 493 mil 665 euros, que se suman a los daños morales, por los que Lipari pidió al Tribunal un "arreglo equitativo", y los reputacionales, fijados mediante peritaje en 987 mil 494 euros.
En su discurso, la profesora Severino repasó los hechos centrales del proceso "que causaron graves daños a la imagen de la institución", daños que "están fuera de toda duda".
También recordó el proyecto de extracción de petróleo en Angola de la operación Falcon Oil, que no llegó a concretarse, pero que "permitió a otros acceder al control incondicional de los activos de la Secretaría de Estado".
La compra del 45 por ciento del edificio londinense a través del fondo Athena de Raffaele Mincione fue entonces "el primer caso de inversión en un fondo cerrado, en el que la Secretaría de Estado era el único inversor y suscriptor, en el que se atribuía al intermediario toda la decisión".
Todo era "únicamente funcional para dar a Mincione toda autonomía de acción, libre de cualquier control e interferencia".
Por lo tanto, "lo contrario de las 'cautelosas' inversiones realizadas hasta entonces por la Santa Sede".
Según Severino, "ese fue el momento de transición, en el que los comerciantes entraron en el Templo, permitidos por el cardenal Becciu", entonces sustituto de la Secretaría de Estado, transición que permitió "realizar inversiones fuera de cualquier injerencia o control".
El propio fondo de Mincione, que pasó de ser un fondo de materias primas, "se convierte en un fondo de cobertura puro, y es entonces cuando los recursos empiezan a desviarse".
La misma propiedad londinense "fue sobrevaluada entre 101 millones y 56 millones de libras, con daños a la institución, que tuvo el 45 por ciento, entre 45,5 millones y 25,5 millones de libras".
En el juicio, precisó Severino, la Secretaría de Estado sólo pide daños morales y de imagen, mientras que los daños patrimoniales serán solicitados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, a la que el Papa transfirió la propiedad y administración de los bienes y fondos que antes eran de la Secretaría de Estado.
Severino habló de "inversiones destinadas a satisfacer los intereses del gestor más que del inversor", de continuos "conflictos de intereses", de "una serie de delitos que no cesan nunca y que comienzan con esa operación petrolera no realizada".
La misma transferencia de propiedad con el otro corredor, Gianluigi Torzi, "fue motivada por una operación de crédito-deuda entre Mincione y Torzi", mientras que el aumento del valor del inmueble de 230 millones de libras a 275 millones "está completamente injustificado".
"Por último, las mil acciones con derecho a voto que Torzi había conservado son el 'punto culminante' de los artificios creados en el asunto".
Fue entonces cuando la Secretaría de Estado se dio cuenta "de que había adquirido 'caja vacía", en lo que "el nuevo suplente monseñor Peña Parra definió como un vía crucis".
Entretanto, la aparición del asunto provocó la publicación de 50.000 artículos en 130 países de todo el mundo con títulos como "Desperdicio de dinero para los pobres", "La primera sección transformada en central para inversiones especulativas", con comparaciones también con el escándalo del Banco Ambrosiano.
Y con "un daño a la imagen de la Secretaría de Estado que nuestra consultoría técnica, realizada por una empresa extranjera, cifra entre 97 y 177 millones de euros, con una media de 138 millones de euros, entre los valores más altos".
(ANSA).
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