(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 16 GEN - El Papa Francisco
aprobó nuevas normas para la transparencia y contra la
corrupción, que se basan "en los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia", como explica en la carta apostólica en
forma de Motu Proprio en que las anuncia.
Las nuevas normas buscan "los siguientes objetivos: el uso
sostenible de los recursos; la transparencia del procedimiento
de contratación; la igualdad de trato y la no discriminación de
los licitantes; la promoción de una competencia efectiva, en
particular mediante medidas capaces de combatir los acuerdos de
competencia ilegal y la corrupción".
Por otra parte, la seguridad en el trabajo se convierte en
uno de los criterios a respetar para participar en las
licitaciones en el Vaticano, según las nuevas normas.
Entre los criterios por los que una persona puede ser
excluida de las licitaciones está la cláusula: "si no ha
cumplido con las obligaciones relativas a la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores, según la legislación
aplicable o los convenios colectivos".
También quedan fuera de las licitaciones de la Santa Sede
quienes residen en jurisdicciones "con alto riesgo de blanqueo
de capitales, financiación del terrorismo y/o proliferación de
armas de destrucción masiva, según lo identificado por la
Autoridad de Información y Supervisión Financiera en el
ejercicio de su actividad institucional".
A partir de ahora, además, todas las operaciones que superen
el 2% de los costos totales de la institución deben ser
validadas por el Prefecto de Economía, establecen las normas,
que apuntan a distinguir la administración ordinaria de gastos
de la extraordinaria.
"En cuanto al criterio de valor para determinar qué actos
realizados por los organismos que supervisa requieren la
aprobación del Prefecto de la Secretaría de Economía, el Consejo
de Economía establece este criterio - explica el Papa en la
disposición - de forma proporcionada a la capacidad financiera
de las entidades, considerando esto, en referencia al valor
antes mencionado, se establece que dicha aprobación deberá
solicitarse cuando el acto supere el 2% de la cifra resultante
del promedio calculado sobre el total.
"Los costos de la entidad solicitante, así como los
resultados de los balances finales aprobados de los últimos tres
años. En cualquier caso, no se requerirá aprobación para
escrituras cuyo valor sea inferior a 150.000,00 euros", señala
la nueva disposición.
El procedimiento de aprobación de la validación de actos
extraordinarios de administración deberá concluir dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de la solicitud.
Transcurrido este plazo, se sigue el principio del
consentimiento tácito:
"A falta de solicitudes de integración preliminar o
documental, la falta de respuesta dentro de este plazo equivale
a una disposición para aceptar la solicitud. En todo caso, dicho
procedimiento deberá concluir no después de cuarenta días".
Siempre será posible impugnar las disposiciones de la Secretaría
de Economía, "dentro del plazo perentorio de quince días a
partir de la notificación". (ANSA).
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Anuncia nuevas normas anticorrupción
Criterios para participar en licitaciones en el Vaticano.